Emiliano Álvarez promueve cooperación internacional y reforma judicial para reforzar seguridad y justicia en México
Álvarez propuso en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que insta al Gobierno de México a ratificar el tratado de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA). Este acuerdo, firmado por 34 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Jamaica, fue adoptado en 1998 para coordinar estrategias que permitan frenar el tráfico ilegal de armas y municiones en la región.
Según datos presentados por el legislador, cada año más de 230 mil armas ingresan ilegalmente a México desde Estados Unidos, lo que alimenta la violencia y el crimen organizado. Álvarez subrayó la necesidad de fortalecer los controles fronterizos y promover la cooperación internacional para rastrear el armamento ilícito.
“México enfrenta un desafío internacional que demanda respuestas conjuntas. La fabricación y el tráfico ilegal de armas generan violencia y amenazan la seguridad regional. Es indispensable actuar de manera coordinada”, expresó Álvarez.
El diputado también destacó las acciones emprendidas a nivel nacional, como el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, como un compromiso firme para combatir esta problemática desde sus causas estructurales.
Por otro lado, Álvarez respaldó la Reforma a la Ley de Amparo, la cual propone que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean vinculantes para todas las autoridades jurisdiccionales. Con esta modificación se pretende eliminar interpretaciones discrecionales que en el pasado generaron incertidumbre y favorecieron a quienes tenían los recursos para prolongar procesos judiciales a su conveniencia.
Uno de los puntos clave de la reforma es la reducción del número de votos necesarios para que la SCJN emita una declaratoria general de inconstitucionalidad, disminuyendo el umbral de ocho a seis votos. Esto evitaría que una minoría de ministros bloquee decisiones fundamentales para el país.
Adicionalmente, la reforma contempla la reestructuración del Poder Judicial, eliminando al Consejo de la Judicatura Federal y transfiriendo sus funciones al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial. Estos cambios buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
Otro aspecto innovador de la reforma es la actualización del lenguaje en la Ley de Amparo, sustituyendo “grupos vulnerables” por “grupos en situación de vulnerabilidad”, con el fin de reconocer que la desigualdad es producto de estructuras sociales injustas.
“Esta reforma representa un avance hacia un México donde la justicia sea un derecho efectivo, no un privilegio reservado para unos cuantos. Un sistema judicial transparente y equitativo es fundamental para la construcción de un país más democrático”, concluyó el diputado.
Álvarez hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados para respaldar ambas propuestas, enfatizando que garantizar la seguridad y la justicia en México requiere la colaboración y el compromiso de todos los actores políticos.
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